ACCIONES POSITIVAS: RESTITUCIÓN DEL DERECHO A LA CONVIVENCIA FAMILIAR

Dic 9, 2021 | Noticias, Noticias Socios

La Ley 26061 establece derechos fundamentales para las niñas, niños y adolescentes, como el derecho a la salud, a la educación y a la recreación, entre otros. De ellos, uno reviste carácter esencial en tanto es el que posibilita que todos esos derechos se cumplan: se trata del derecho a la convivencia familiar. Es en el marco del seno familiar que los niños pueden acceder a los otros derechos (salud, educación, entre otros) y, así, alcanzar el nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social que menciona la Convención de los Derechos del Niño.

Los hogares alojan transitoriamente niños que fueron separados del seno familiar durante los procesos judiciales. Estos hogares se vieron especialmente afectados por la pandemia de COVID-19 porque tuvieron que adaptarse a los protocolos sanitarios, lo que implicó, entre otras cosas, que los niños no pudieran ir a la escuela de forma presencial y que los procesos de vinculación se debieran realizar por videollamada. Además, el personal de los hogares tuvo que extremar las medidas de protección ante la enfermedad. Por otra parte, el contacto con las familias se mantuvo por medio de videollamadas presenciadas por los niños, para mantener los procesos de vinculación iniciados antes de la pandemia.

Marval O’Farrell Mairal representa a los hogares de niños en los expedientes judiciales donde se decide su futuro. Su objetivo es agilizar los tiempos judiciales para que los niños permanezcan el menor tiempo posible institucionalizados, es decir, en los hogares.

Durante la pandemia y hasta hoy, mantiene comunicación permanente –semanal– con los representantes del hogar, las psicólogas y las trabajadoras sociales para seguir los casi 60 expedientes judiciales que lleva. El contacto con ellos durante la pandemia fue a través de un grupo de WhatsApp, llamadas y correos electrónicos. Por su parte, las audiencias judiciales se realizaron por videollamadas por Zoom. Asimismo, el contacto con las familias fue por videollamadas, pero con los niños, para mantener los procesos de vinculación iniciados antes de la pandemia.

Durante el transcurso del 2020, y a pesar de las complicaciones que trajo la pandemia del COVID-19, Marval O’Farrell Mairal logró la restitución del derecho a la convivencia familiar de 45 niños, niñas y adolescentes junto a los Hogares de Niños de Familias de Esperanza y Amaranta. Sobre esta acción positiva, el estudio presentó el trabajo «El trabajo del equipo Pro Bono para la restitución del derecho a la convivencia familiar» al Concurso «Acciones Positivas – 730 Aniversario, organizado por la Cámara de Comercio Suizo Argentina, en la Categoría ‘Empresas y Entidades’ – Temática ‘Responsabilidad y acción social’.

El estudio patrocina legalmente a los hogares de niños de Familias de Esperanza desde hace más de 10 años, En ese lapso de tiempo, representó al Hogar en más de 400 casos, logrando impactar en la vida de 1500 niños, niñas y adolescentes, que volvieron a disfrutar de un derecho tan fundamental como la convivencia familiar. También hizo lo propio ante instituciones como Amaranta, Soles En El Camino y Aldeas Infantiles Argentina.

El programa Pro Bono

La crisis política, social y económica que vivió nuestro país en el año 2001 generó que muchos abogados de los principales estudios jurídicos de la Ciudad de Buenos Aires se juntaran para realizar algo por los más necesitados. En ese contexto, Marval y otras firmas legales de la ciudad crearon la Comisión de Trabajo Pro Bono e Interés Público del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. En Marval O’Farrell Mairal, su socio Gonzalo J. Fontana fue el impulsor del programa de trabajo Pro Bono desde ese entonces y hasta hoy.

Posteriormente, y entendiendo que el ejercicio de la abogacía en favor de los sectores vulnerables es una herramienta fundamental para colaborar con el acceso a la justicia de toda la sociedad, fue que en el año 2008 Marval participó en la redacción de la Declaración de Trabajo Pro Bono para el Continente Americano y la suscribió comprometiéndose a destinar 20 horas anuales por profesional al trabajo Pro Bono.

Comprometidos con el trabajo Pro Bono, el estudio decidió impulsar el programa y en el año 2013 incorporó a una abogada senior con dedicación full time a la coordinación del programa de trabajo pro bono. Así, con la incorporación de Julia Anabel Sainz, logró institucionalizar esta práctica de forma tal que el estudio duplicó la cantidad de horas pro bono, de profesionales comprometidos y de ONG y personas humanas que recibieron asesoramiento legal.

De esta manera, Marval O´Farrell Mairal se convirtió en la primera firma legal en Argentina en cuanto a la implementación de políticas internas sobre el trabajo pro bono con estándares internacionales, lo que por supuesto significó más horas pro bono, más profesionales comprometidos y nuevos clientes que acceden a nuestro servicios Pro Bono.

Fecha de ejecución de la acción
Los números que se brindan para la acción postulada corresponden al año 2020 (1/1/2020 al 31/1/2020). Sin embargo, el proyecto de restitución del derecho a la convivencia familiar de niñas, niños y adolescentes viene realizándose hace 10 años. Comenzó con un hogar y, a lo largo de los años, fueron sumándose más hogares de niños.

Resultados obtenidos de la acción positiva
45 niños, niñas y adolescentes tienen “nuevos papás”. Sí, así los llaman los niños cuando manifiestan querer “nuevos papas”. Esos nuevos papás son quienes les darán acceso a la salud, alimentación, educación, esparcimiento, amor, afecto y contención, entre otras tantas cuestiones que hacen al desarrollo pleno de una persona.

Intervinieron en el proyecto Gonzalo J. Fontana, Socio a cargo del programa pro bono; Julia Anabel Sainz, Asociada y coordinadora del programa pro bono; Javier E. Patrón, Managing Partner – Comité de trabajo pro bono; Luciano Ojea Quintana y María Inés Brandt, Socios – Comité de trabajo pro bono; Ignacio Torino Zavaleta, Walter Mañko y Juan Pazos, Asociados – Comité de trabajo pro bono. En el área de organización participaron dos abogados desde lo Contencioso General y otros dos desde Procuración.