Nuestro Comité de Tax & Legal acerca las 2 novedades más importantes del mes en este campo
En resumen
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MLI y Suiza: El MLI regirá desde 2026, pero aún no impacta en el CDI con Suiza hasta su confirmación; sumará el PPT y el método de crédito fiscal.
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Fallo laboral: Un juzgado reconoció reparación por trabajo no registrado pese a la Ley Bases que lo derogaba.
1/2: Entrada en vigor del MLI y su impacto respecto del Convenio con Suiza
El pasado 29 de septiembre, Argentina depositó el instrumento de ratificación del MLI ante la OCDE, por lo que el instrumento entra en vigor en términos generales para el país el 1 de enero de 2026. El MLI busca actualizar de forma simultánea los distintos Convenios para Evitar la Doble Imposición (CDI) para cerrar espacios de planificación fiscal abusiva y promover una tributación más justa a nivel global.
En el caso del CDI entre Argentina y Suiza, las disposiciones del MLI no entrarán en efectos por el momento. Esto se debe a que Suiza no ha finalizado sus procedimientos internos ni ha notificado a la OCDE que el MLI puede aplicarse al tratado bilateral. Suiza sigue la “visión de enmienda”, lo que implica que el MLI solo tendrá efecto sobre el CDI una vez que Suiza lo confirme formalmente.
Cuando entre en vigor, el MLI modificará el CDI entre Argentina y Suiza incorporando el test de propósito principal (PPT) para prevenir el abuso de tratados, el reemplazo del método de exención por el de crédito fiscal en ciertos casos, y la inclusión de un nuevo preámbulo que refuerza el compromiso de ambos países contra la evasión y elusión fiscal.
2/2: Fallo laboral reconoce reparación por los daños derivados del trabajo no registrado
El pasado 8 de septiembre, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 77 dictó una sentencia relevante en la causa “Vasold Vanesa Soledad c/ MPV Construcciones S.R.L. y otros s/ despido” (Expte. Nº 8851/2025).
El fallo aborda cuestiones vinculadas a la derogación de las indemnizaciones agravadas por falta o deficiente registración laboral, eliminadas por la Ley 27.742 (“Ley Bases”).
Si bien el juzgado rechazó el planteo de la trabajadora para declarar la inconstitucionalidad de las normas que suprimieron estos agravamientos indemnizatorios, reconoció su derecho a una reparación integral por los perjuicios derivados de la informalidad laboral. En consecuencia, ordenó el pago de una compensación equivalente a dieciséis salarios mensuales: doce por daño material y cuatro por daño moral.
Aunque se trata de una sentencia de primera instancia –actualmente apelada y pendiente de revisión por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo–, el fallo se presenta como un antecedente significativo que podría marcar una tendencia en futuros pronunciamientos.
